Un reciente cambio en la política nacional de aplicación de la inmigración en áreas “protegidas” ha hecho que los proveedores de salud del condado de San Diego se preparen para la posibilidad de redadas y que los trabajadores se preocupen por un posible efecto paralizante que podría disuadir a algunas personas de buscar la atención médica necesaria.
Sharp HealthCare y Scripps Health enviaron notificaciones a sus empleados el jueves, proporcionando orientación sobre cómo los trabajadores de primera línea, ya sean médicos, enfermeras o personal aliado, deben responder si los agentes de la Patrulla Fronteriza o de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llegan exigiendo determinar el estatus migratorio de los pacientes actuales.
UC San Diego Health siguió con su propia declaración a los empleados el viernes, y Kaiser Permanente dijo el viernes que ha actualizado a sus líderes y equipos de gestión “sobre nuestros procedimientos existentes para cumplir con las acciones de la policía”, aunque no se indicó el momento exacto de esa conversación.
Los funcionarios locales enfatizan que, hasta la fecha, no ha habido tales redadas migratorias en las instalaciones médicas del condado de San Diego, y, como señala el memorando de la universidad, “sigue siendo incierto si este cambio de política llevará a un aumento de la aplicación de la ley en los hospitales”.
Para complicar aún más las cosas, la declaración de Scripps explica que los vehículos de la Patrulla Fronteriza han estado visibles durante mucho tiempo en los estacionamientos de los hospitales. Esto se debe a que los inmigrantes indocumentados detenidos en la frontera son transportados rutinariamente a los centros de salud locales para recibir atención si desarrollan una condición médica urgente mientras están bajo custodia. De manera similar, aquellos encarcelados en cárceles locales o prisiones estatales pueden ser trasladados a hospitales locales si tienen una necesidad médica que no puede ser atendida en el sitio.
Tales visitas normales ya han causado cierta preocupación local, con una advertencia de redada apareciendo en las páginas de Facebook a finales de la semana pasada después de que se viera un vehículo de la Patrulla Fronteriza en el Hospital Infantil Rady. Pero los funcionarios dijeron que el vehículo estaba presente porque un agente estaba transportando a un niño para atención médica, no realizando ninguna redada.
Aún así, los trabajadores de la salud están inquietos. Dimitrios Alexiou, presidente y director ejecutivo de la Asociación de Hospitales del Condado de San Diego e Imperial, dijo en un correo electrónico reciente que comenzó a recibir llamadas y preguntas sobre cómo podría cambiar la aplicación de la inmigración la semana pasada. “Hay mucha preocupación/miedo en general flotando en este momento; he recibido algunas preguntas entrantes”, dijo Alexiou. “Creo que aún se desconoce cómo se desarrollará todo esto, ya que aún no lo sabemos.”
Michael Kennedy, representante jefe de enfermeras de la Asociación de Enfermeras de California que representa a las enfermeras de UC San Diego Health y trabajador de la unidad de cuidados intensivos neurológicos en el campus médico de La Jolla, dijo que muchos trabajadores están extremadamente preocupados por la eliminación de las protecciones para las áreas protegidas, que incluyen iglesias y escuelas, además de las instalaciones de atención médica. “Hay una indignación generalizada entre las enfermeras”, dijo Kennedy, dejando claro que hablaba en nombre de sus compañeros de la CNA, no del sistema de salud universitario. “Nuestros pacientes merecen sentirse seguros al recibir atención, y esta es una política destinada a aterrorizar a las comunidades inmigrantes.
“Aunque no hemos visto redadas de ICE ni presencia de ICE en los hospitales de San Diego, a pesar de los rumores que han estado circulando… esto abre la posibilidad de que nuestros pacientes se desmotiven de ir al hospital debido a la posibilidad de que no se encuentren en lugares seguros.”
Un efecto paralizante, dijo, podría desarrollarse fácilmente como ocurrió durante la pandemia de coronavirus, cuando algunas personas sufrieron enfermedades graves pero prevenibles en casa porque temían que ir al hospital las expondría a infectar
“Esta es una comunidad ya vulnerable que ya retrasa y renuncia a la atención por miedo, y esta política hace que ese miedo esté aún más presente en sus mentes; para algunas personas, será una sentencia de muerte”, dijo Kennedy.
Sin embargo, en sus comunicaciones a los empleados, los sistemas locales de atención médica dijeron que literalmente nada cambiará sobre cómo manejan las visitas de la policía.
Las leyes existentes que no han cambiado, señalan, requieren la protección de la información de los pacientes, incluida la prohibición de decirle a nadie, ya sea un oficial de policía o no, si una persona específica es un paciente itido en tratamiento.
Las declaraciones de Sharp y UCSD son las más detalladas en su explicación de cómo funciona la ley existente. El memorando de Sharp señala que no “recoge información sobre el estatus migratorio de ningún paciente ni “informa a las autoridades migratorias federales sobre pacientes indocumentados”.
En general, todas las organizaciones dirigen a sus empleados de primera línea a ar con la gerencia o seguridad si un oficial de policía se les acerca.
“Sharp apoya con orgullo a cada agente u oficial en el desempeño de sus funciones, pero debe seguir todas las leyes federales y estatales de privacidad”, dice el memorando de Sharp, señalando también que está “obligado a honrar una orden judicial firmada, una orden de registro emitida por un tribunal o una citación emitida por un tribunal.”
Y cualquier orden de este tipo debe provenir de un tribunal, dice el memorando de Sharp, “una orden, orden de registro o citación emitida por el Departamento de Seguridad Nacional u otras agencias de la ley (por ejemplo, FBI, agencias estatales y departamentos locales de sheriff o policía) no es suficiente.”
Tanto los memorandos de Sharp como de UCSD señalan que los oficiales de la ley no tienen permitido entrar en áreas como las salas de examen de los pacientes o áreas de almacenamiento sin una orden judicial válida. También se les indica a los empleados que eviten intervenir físicamente si creen que un agente no está cumpliendo con las reglas de privacidad del paciente. La comunicación de Sharp también explica que los pacientes no solo tienen derecho a la privacidad, sino también a optar por no ser incluidos en los directorios de pacientes mantenidos por los hospitales para ayudar a los familiares visitantes a ubicar a sus seres queridos.
“Es posible que un agente o oficial de paisano o encubierto se haga pasar por visitante y obtenga el número de habitación de un paciente”, dice el memorando de Sharp.
La situación, dijo Kennedy, se ha vuelto un poco surrealista para aquellos que sirven a los pacientes día tras día.
“Nunca pensé que yo, que las enfermeras tendríamos que sentir que seríamos la última defensa entre nuestros pacientes y la policía, esa no es nuestra posición”, dijo Kennedy. “Necesitamos establecer confianza con nuestros pacientes; eso es fundamental para sanar”, dijo Kennedy.
Original Story
The possibility of immigration raids worries San Diego County medical providers
